Legalización de los libros contables fuera de plazo

CONTABLE.-

En la mente del contable hay tres fechas esencialesque siempre van a estar presentes y que no puede dejar pasar. Por un lado está el cierre del ejercicio, normalmente el 31 de diciembre, por otro lado el mes de abril, fecha de legalización de los libros contables y por último, el mes de julio, mes del depósito de cuentas.

Las obligaciones contables de cara el Registro Mercantil se centran por tanto en las dos fechas indicadas de legalización de los libros contables y depósito de cuentas anuales. Ya estamos terminando el mes de Abril y como casi siempre, nos ha ¨pillado¨ con las tareas a medio hacer y de nuevo nos entran las prisas.

Sin ánimo de incentivar a nadie al incumplimiento de sus obligaciones, nos interesa saber cuáles son las consecuencias que puede motivar el hecho de retrasarnos en los plazos establecidos o, algo mucho peor, ni siquiera cumplir con lo obligado.

Incumplimiento del depósito de cuentas anuales en el Registro

Ya hemos dedicado en INEAF alguna tribuna referida a las consecuencias de no depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil (normalmente en el mes de Julio). Estas van desde el inconveniente de no poder inscribir documento alguno en el Registro, la mala imagen que puede suponer de cara a posibles clientes o acreedores y lo que es más serio, sanciones económicas. Lo podemos repasar en los siguientes enlaces:

“¿Deposito mis cuentas anuales?”

“Incumplimiento del depósito de las cuentas anuales”

Incumplimiento de la legalización de libros

Antes de nada, podemos plantearnos cuales son los motivos que pueden llevar a una sociedad a no legalizar los libros contables en plazo o ni siquiera hacerlo. Los más usuales pueden ser estos:

  • No tener la contabilidad cerrada por falta de algunos apuntes concretos. Aunque parezca que el plazo desde el 31 de diciembre hasta el 30 de abril es largo, en ocasiones no es suficiente para tenerlo todo cerrado.
  • No tener certeza sobre si lo que hemos presentado será lo correcto.
  • Preferir esperar a la fecha del depósito de cuentas para que los libros y las cuentas anuales no presenten saldos diferentes.

Aunque el incumplimiento del depósito de cuentas hemos visto que está perfectamente regulado, la legalización de los libros contables fuera de plazo, en principio no va a suponer ningún tipo de sanción ni por parte del Registro ni en el ámbito fiscal.

El artículo 333 del Reglamento del Registro mercantil en su punto 3 establece lo siguiente:

“En el caso de que la legalización se solicite fuera del plazo legal, el Registrador lo hará constar así en la diligencia del Libro y en el asiento correspondiente del Libro-fichero de legalizaciones”.

En definitiva, se queda en una mera reseña que no preocupa demasiado.

En cuanto a las posibles consecuencias tributarias derivadas de la presentación fuera de plazo la Dirección General de tributos en su resolución V1689-10 de 23 de julio de 2010 hace referencia al artículo 200 de la ley general tributaria donde establece

1. Constituye infracción tributaria el incumplimiento de obligaciones contables y registrales, entre otras:

  1. La inexactitud u omisión de operaciones en la contabilidad o en los libros y registros exigidos por las normas tributarias.
  2. La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponda, según su naturaleza, que dificulte la comprobación de la situación tributaria del obligado.
  3. El incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad, los libros y registros establecidos por las normas tributarias, los programas y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación utilizados.
  4. La llevanza de contabilidades distintas referidas a una misma actividad y ejercicio económico que dificulten el conocimiento de la verdadera situación del obligado tributario.
  5. El retraso en más de cuatro meses en la llevanza de la contabilidad o de los libros y registros establecidos por las normas tributarias.
  6. La autorización de libros y registros sin haber sido diligenciados o habilitados por la Administración cuando la normativa tributaria o aduanera exija dicho requisito.

En ninguno de los apartados anteriores se menciona de manera expresa el caso que estamos analizando, si bien el apartado primero con su expresión “entre otras” pude dejar abierta la puerta a la Administración para justificarla aquí.

En definitiva, existe una opinión generalizada de que si una empresa está al día en la llevanza de su contabilidad y cumple religiosamente con sus obligaciones fiscales, la falta de legalización de los libros contable, por si sola, es difícil que suponga una infracción tributaria, a no ser que se sume a otros posibles incumplimientos contables. Si a esto le añadimos que la consulta de los libros a efectos de posibles requerimientos por parte de Hacienda es muy poco probable hace que se entienda que muchas sociedades, esperen a la fecha del depósito de cuentas para legalizar lo libros (tres meses más tarde) si es que la hacen.

 

Alta obligatoria en Sistema Red para todos los autónomos

LABORAL.-

A partir del próximo 1 de septiembre casi todos los autónomos que hay registrados en España deberán estar dados de alta en el sistema RED de la Seguridad Social, según establece la Orden ESS/2014/2018 publicada el pasado 6 de marzo en el BOE, que amplía la obligación de incorporarse a este sistema para el intercambio electrónico de datos y documentos, así como para la comunicaciones administrativas, con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.

Estarán obligados a incorporarse al Sistema Red:

  • Los trabajadores Autónomos dados de alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos).
  • Trabajadores dados de alta Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

La incorporación al Sistema RED no será obligatoria:

  • Profesionales taurinos.
  • Profesionales del Sistema especial para empleados del hogar.
  • Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, grupos segundo y tercero.

Las actuaciones administrativas para el intercambio de datos o documentos en el Sistema Red podrán llevarse a cabo bien en nombre propio, por los sujetos obligados o bien por medio de representante.

Esta obligación supone que los autónomos dejen de comunicarse de forma física con la Seguridad Social para hacerlo en formato electrónico.

Tramitar el alta en el Sistema Red

Un requisito indispensable para poder operar en el Sistema RED es disponer de un certificado electrónico, antes de solicitar la autorización.

Para poder empezar a operar a través del Sistema RED, es necesario solicitar una autorización, puede solicitarse a través de la sede electrónica de la Seguridad Social o presencialmente ante la Unidad de Atención al Usuario existente en cada una de la Direcciones provinciales de la TGSS.

Los interesados, deberán presentar la solicitud de autorización (formulario FR101) acompañada de los siguientes documentos:

  • Fotocopia del documento identificativo del solicitante (DNI, NIE, Pasaporte)
  • Documentación que acredite la representación de la persona jurídica o de la persona física.
  • En el caso de que la autorización sea del tipo Profesional Colegiado se requerirá además el certificado de Profesional Colegiado ejerciente.

El usuario principal de la autorización podrá dar de alta, baja o modificar datos a usuarios secundarios a través del servicio “Alta/baja o modificación de Usuarios Secundarios” del Sistema Red online.

El no cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización puede ser motivo de suspensión o acumulación de la misma.

Alta obligatoria en Sistema Red para todos los autónomos

Deducciones en el IRPF tras la Ley de Presupuestos Generales 2018

FISCAL.-

Deducción por maternidad.

Se modifica el artículo  81 de la LIRPF para ampliar la deducción ya existente para mujeres con hijos menores de tres años que realicen una actividad por cuenta propia o ajena, dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, deducción que alcanza los 1.200 euros.

En concreto, desde el pasado 5 de julio  se podrá incrementar esta deducción en 1.000 euros adicionales más, en concepto de cantidades satisfechas a guarderías y centros de educación infantil autorizados por la preinscripción y matrícula de dichos menores, la asistencia, en horario general y ampliado, y la alimentación, siempre que se hayan producido por meses completos y no tuvieran la consideración de rendimientos del trabajo en especie exentos.

Se establece que este incremento de 1.000 euros se calculará de forma proporcional al número de meses en que se cumplan los requisitos para tener derecho a la deducción por maternidad y además los requisitos para obtener este incremento, es decir, ambos requisitos simultáneamente, manteniéndose como límite para cada hijo las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y mutualidades devengadas en cada periodo impositivo con posterioridad al nacimiento o adopción, y además el importe total del gasto efectivo no subvencionado satisfecho en dicho periodo a la guardería o centro educativo en relación con ese hijo.

Destacamos que, en el período impositivo en que el hijo menor cumpla tres años, el incremento previsto podrá resultar de aplicación respecto de los gastos incurridos posteriormente, hasta el mes anterior a aquél en el que pueda comenzar el segundo ciclo de educación infantil.

 

Deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo.

Se modifica también el artículo 81 bis de la LIRPF para ampliar hasta en 600 euros anuales la cuantía del límite de las deducciones por familia numerosa, por cada uno de los hijos que formen parte de la familia que exceda de tres (cinco en familia numerosa de categoría especial).

Además, surge la deducción de 1.200 euros anuales por cónyuge no separado legalmente con discapacidad siempre que no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, que superen los 8.000 euros anuales y además, no tengan derecho a las deducciones por descendiente o ascendiente con discapacidad establecidas anteriormente ya  en el artículo 81 bis 1 a) y b).

Recordemos que estas deducciones podían anticiparse. De este modo, la deducción anticipada por cónyuge no separado legalmente con discapacidad será de 100 euros. En el caso de familias numerosas, las cuantías establecidas en la letra c) del numero 1.º del apartado 4 del artículo 60 bis del Reglamento del IRPF,  se incrementarán en 50 euros mensuales por cada uno de los hijos que formen parte de la familia numerosa que exceda de tres, según corresponda.

Se establece un régimen transitorio para este 2018. En concreto, ambas deducciones se determinará tomando en consideración exclusivamente los meses iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Presupuesto.

Deducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla.

Tanto los contribuyentes residentes o no en Ceuta y Melilla,  podrán deducirse a partir del 5 de  julio, el 60% (antes el 50%) de la parte de la suma de las cuotas íntegras estatal y autonómica que proporcionalmente corresponda a las rentas computadas para la determinación de las bases liquidables que hubieran sido obtenidas en Ceuta o Melilla.

Se reducen así los porcentajes de retención y porcentaje de los pagos fraccionados para los rendimientos obtenidos en Ceuta o Melilla que tengan derecho a la citada deducción.

 

Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación.

Hasta el pasado 5 de  julio, los contribuyentes podían deducirse el 20% de las cantidades satisfechas en el período por la suscripción de acciones o participaciones en ciertas empresas de nueva o reciente creación y bajo ciertos requisitos, pudiendo además, aportar sus conocimientos empresariales o profesionales para el desarrollo de la entidad en la que invierten. Este porcentaje del 20% pasa al 30% con la Ley de Presupuestos.

La base máxima de deducción aumenta de 50.000 a 60.000 euros anuales y estará formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones suscritas.

Deducciones en el IRPF tras la Ley de Presupuestos Generales 2018

 

 

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NOVEDADES AEAT- Texto del Proyecto de Orden Ministerial, por la que se aprueba el modelo 179.

El Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, introduce un nuevo artículo 54.ter en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio (RGAT), regulando la obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos.

La nueva obligación de información, como dispone la propia Exposición de Motivos del mencionado Real Decreto 1070/2017, se establece con fines de prevención del fraude fiscal para las personas o entidades, en particular, las denominadas “plataformas colaborativas”, que intermedien en la cesión de uso de viviendas con fines turísticos.
Quedan excluidos de este concepto, y por tanto, no deben presentar el nuevo modelo de declaración informativa, respecto del arrendamiento o subarrendamiento de viviendas tal y como se definen en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos; los alojamientos turísticos regulados por su normativa específica; el derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles y los usos y contratos a que se refiere el artículo 5 de la mencionada ley, con la excepción, precisamente por tratarse de cesiones objeto de la nueva obligación de información, de la cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, aun cuando esté sometida a un régimen específico derivado de su normativa sectorial. mas…

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Opciones del autónomo para liquidar una deuda con Hacienda

Las deudas con la Agencia Tributaria suponen un mal trago para miles de autónomos y pymes en España. En ocasiones, también se traducen en una de las principales causas de quiebra o cese de actividad. Es por eso que, a continuación aclaramos cómo liquidar una deuda con Hacienda.

El Real Decreto Ley que regula este aspecto, el 3/2016 sobre Medidas Tributarias, restringió sensiblemente las opciones de aplazar deudas con Hacienda.

¿Qué operaciones puedo aplazar?

Las declaraciones fiscales susceptibles de aplazamiento son el pago fraccionado del IRPF en estimación directa y en estimación objetiva (modelos 130 y 131) y la autoliquidación de IVA (modelo 303).

Para que la solicitud no sea rechazada, Hacienda exige que el titular sea la persona obligada al pago, así como que el importe de las cuotas de IVA cobradas en el ejercicio afectado no supere al importe a pagar.

No obstante, la AEAT distingue entre dos situaciones:

Deudas inferiores a 30.000 euros

  • Se rige por un procedimiento informatizado y no está sujeto a garantías ni justificaciones de las causas que motivan la solicitud, ni tampoco del montante de IVA no cobrado.
  • Las mensualidades se limitan a doce o a seis, en el caso de que sea autónomo o representante de una sociedad, respectivamente. En cualquier caso, el importe mínimo para cada cuota es de 30 euros.
  • Para poder optar a esta ventaja es imprescindible no acarrear con deudas superiores a 600 euros en vía de apremio y con providencia notificada, ni tampoco incluir deudas aplazadas en su día cuyo pago incumplió.

Deudas superiores a 30.000 euros

  • Se rige por procedimiento ordinario, para el que será necesario acreditar las dificultades económico-financieras que motivan la solicitud.
  • También se deberá aportar una relación de facturas recibidas de los acreedores y otra de facturas emitidas no cobradas, acompañadas con su correspondiente justificante de no haberlas cobrado.
  • Aquí el plazo se amplía hasta los 36 meses.
  • Por último, será necesario presentar un aval o seguro de caución.
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El alquiler medio en Madrid y Cataluña se acerca ya a los 1.000 euros al mes

El precio de la vivienda en alquiler se ha incrementado un 49% en Cataluña y un 27% en Madrid en los últimos cuatro años, según el último análisis del portal inmobiliario Fotocasa. En cambio, la subida media a nivel nacional ha sido del 18%. Alquilar casa en estas dos regiones se ha vuelto prohibitivo, aunque no tanto en el resto del país. En Cataluña, el precio de un piso medio de 80 metros cuadrados en 2013 era de 666 euros al mes de media y en 2017 este precio se ha incrementado hasta los 991 euros al mes. En la región madrileña, la renta hace cuatro años estaba en 724 euros al mes y a finales de 2017 el precio ha aumentado hasta los 916 euros mensuales. Sin embargo, en el resto de España alquilar un piso se mueve en la banda de los 652 euros de media.

De hecho, son las ciudades de Madrid, con 475.870 viviendas, y Barcelona, con 438.219, las que concentran el grueso del mercado del alquiler de España, ya que entre ambas alcanzan casi el millón de viviendas, según Alquiler Seguro. Están a años luz de otras urbes como Córdoba, con 19.139 viviendas, y Murcia, con 46.570, son las provincias analizadas con un menor número de inmuebles destinados al alquiler.

El encarecimiento no es menos intenso cuando se trata del alquiler de habitaciones, una alternativa por la que apuestan muchos de los demandantes que no pueden hacer frente al pago de la renta de un piso, sobre todo jóvenes que tratan de independizarse y estudiantes. Según datos de Uniplaces, servicio de reserva de alojamiento para estudiantes, el precio medio de alquilar una habitación en España creció de los 372 euros que costaba de media durante 2016, a los 401 euros de 2017. Esta firma ha lanzado una campaña de descuentos durante febrero cuyo objetivo es que los precios dejen de ser el mayor impedimento para alquilar una habitación. Así, para hacer frente a las subidas de los alquileres ofrece habitaciones desde 100 euros al mes en Madrid y 250 euros al mes en Barcelona.

La campaña se centra en las ciudades de Madrid y Barcelona, ya que son las que más han sufrido la subida de los precios. La habitación más económica, por la que se pagarán 100 euros al mes, está situada en Alcalá de Henares (Madrid). A partir de ahí, se pueden encontrar otras 100 habitaciones en la capital a un precio medio de 250 euros al mes, la mitad que los 456 euros de media que se han desembolsado en Madrid durante 2017. Mientras, en Barcelona, Uniplaces pone en alquiler 30 habitaciones, en la zona de L’Eixample, a un precio medio de 270 euros. Esto supone un ahorro de 191 euros con respecto a la renta media.

A pesar de los precios desbocados, de la baja inflación y la congelación de los salarios, son muchos los expertos que niegan la existencia de una burbuja en el alquiler. “La oferta en el mercado del alquiler es insuficiente para el crecimiento de la demanda experimentada, lo que provoca tensión en el mercado, aunque todavía está lejos de poder confirmar la burbuja inmobiliaria en este sector”, según Alquiler Seguro. En concreto, de las 11 provincias analizadas, ninguna alcanza todavía el valor de dos puntos con el que se considera que los precios han entrado en burbuja.

 

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Este es el dinero que puedes recuperar de los gastos de la hipoteca… según tu banco

El Tribunal Supremo ha fallado a favor de los bancos en la lucha por saber quién debe asumir el pago del impuesto de constitución de la hipoteca. Según el Alto Tribunal, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) debe abonarlo el cliente, mientras que el banco también tendrá un coste (pequeño): el timbre de los documentos notariales se abonará a medias y las copias de la hipoteca, quien las solicite.

Este es el fallo de los dos recursos interpuestos por unos consumidores afectados, que cargaban contra las cláusulas de las escrituras del préstamo al atribuirles todos los gastos e impuestos generados por la operación. En concreto, los magistrados han estimado parte de los recursos y han establecido que…

1. El pago de la constitución del préstamo incumbe al prestatario, de acuerdo a la jurisprudencia constante de la Sala III del propio Supremo. En este caso, como señala el comunicado remitido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Supremo se remite a la jurisprudencia constante de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del propio tribunal, que ha establecido que el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario.

2. Por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, mientras que el pago de las copias le corresponde a quien las solicite, ya sea la entidad financiera o el cliente. Entre ambos (timbre y copias autorizadas), hablamos de un coste que no suele superar los 30 euros.

Pese a que el AJD lo tendrá que pagar el hipotecado, hay otros gastos de formalización de la hipoteca que pueden reclamarse, como son los de notaría y registro. De hecho, más o menos el 50% de los gastos hipotecarios son susceptibles de ser reclamados, y los expertos animan a los consumidores a que reclamen su dinero. A continuación, detallamos en una tabla la cuantía media que puede recuperarse, según la entidad que haya concedido el préstamo para la compra de una vivienda.

Según los datos de reclamador.es, de las 10 entidades más reclamadas, el porcentaje reclamable más elevado es el de las hipotecas concedidas por ING, con un 57%, seguido de BMN (52%) y Abanca (50%). En cambio, en algunas entidades como Sabadell, Bankia, Bankinter y Caixabank se puede reclamar menos de un 45% de los gastos asumidos por el hipotecado. En BBVA y Popular, la cuantía reclamable ronda el 48%.

En cambio, si analizamos las cantidades en euros, el ranking cambia. ING y BBVA son los únicos en los que, de media, se pueden recuperar más de 2.000 euros de los gastos de formalización de la hipoteca excluyendo el AJD, mientras que en Bankinter, Santander, BMN, Abanca y Sabadell el importe supera los 1.800 EUROS. Por debajo de esa barrera encontramos a Popular, Bankia y Caixabank, que cierra la lista con una cantidad media reclamada sin AJD de unos 1.630 euros.

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¿Qué hacemos con la vivienda del portero cuando se jubile?

Muchas comunidades de propietarios aprovechan la jubilación del portero para suprimir este servicio. El destino del espacio que hasta entonces era su vivienda queda entonces en manos de la comunidad.

¿Qué hacemos con la vivienda del portero cuando se jubile?

La vivienda del portero es un elemento común de la comunidad de propietarios. Por lo tanto cualquier decisión sobre este espacio deberá acordarse en junta de propietarios. Existen distintos tipos de mayorías para que una inciativa salga adelante: por unanimidad, mayoría cualificada o mayoría simple, será necesaria una u otra en función del supuesto de los enumerados en el artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) encaje la propuesta presentada ante la Junta de propietarios.

Para calcular estas mayorías es necesario tener en cuenta ciertos requisitos exigidos por la ley. En primer lugar, antes de nada, que para votar en una Junta es necesario que los propietarios se encuentren al corriente de pago en la comunidad. Cada propietario supone un voto, de modo que si una misma persona tiene varios locales o viviendas de la comunidad no tenga más poder de decisión en la comunidad que cualquier otro propietario. Además en el caso de las mayorías cualificadas se añade el requisito de que esos votos representen esa misma mayoría de las cuotas de participación en la comunidad.

Por otro lado, los propietarios que no asisten a la Junta se computan como votos favorables a efectos del recuento de estas mayorías cualificadas exigidas, no así en las decisiones que requieran mayorías simple. De modo que las decisiones tomadas en Junta de propietarios deben notificarse a los no asistentes, que tendrán el plazo de 30 días naturales para oponerse. Es por este motivo que normalmente los acuerdos no se ejecutaran hasta que concluye este plazo.

Suprimir el servicio de portería

MÁS INFORMACIÓN

Tanto el establecimiento como la supresión de los servicios comunes de interés general para la comunidad, entre los que se encuentran los servicios de portería, conserjería o vigilancia, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación.

Alquilar la vivienda del portero

Una vez que ha prosperado la supresión del servicio de portería, cabe plantearse qué hacer con ese espacio de la comunidad que era la residencia del portero. Una opción es su arrendamiento, opción que necesitará el apoyo de una mayoría de tres quintos de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación para salir adelante.

En este caso no se exige el voto unánime de los propietarios porque el arrendamiento no implica la desafectación del espacio, que sigue siendo propiedad de la comunidad y no se convierte el privativo de ninguno de sus miembros ni de un tercero.

Venderla

Otra posibilidad que se podría plantear la comunidad de vecinos es vender este espacio en el que vivía el portero. Esta decisión supone la desafección de un elemento común, lo que significa que ese espacio pasará de ser un elemento común a privativo de quien lo compre, y en consecuencia con la venta los vecinos transmitirán al nuevo propietario su cuota de participación sobre dicho espacio.

Además hay que tener en cuenta que todos los acuerdos que modifiquen alguna de las reglas básicas que definen las relaciones entre los propietarios de la comunidad, contenidas en el título constitutivo de la propiedad horizontal o en los estatutos de la comunidad requieren unanimidad. Por tanto, cualquier acuerdo que afecte a las cuotas de participación de los vecinos, que según establece el artículo 5 de la LPH está determinado en el título constitutivo de la comunidad, requerirá el apoyo unánime de los propietarios. Esto implica que también cualquier alteración de un bien común que suponga un cambio en las cuotas de participación de los propietarios de la comunidad requerirá el apoyo unánime de los mismos.

Convertir el espacio común en trasteros

En caso de que se pretendiera destinar un espacio común, como es la portería, para por ejemplo la construcción de trasteros para que, los propios vecinos o terceros externos puedan adquirirlos privativamente, estaríamos también ante una alteración del título constitutivo. Es decir, un elemento común dejaría de serlo, creando entidades nuevas de las que se pretende transmitir su propiedad. Si fueran los vecinos quienes compraran estos trasteros sus coeficientes de propiedad individuales se incrementarían al añadir los metros de cada trastero a los de su vivienda o local dentro de la comunidad. Por todo ello, es una medida que tiene que tomarse por unanimidad.

Sin embargo, si no se transmitiera la propiedad de esos trasteros a los vecinos y se mantuvieran como elementos comunes arrendados, o si en vez de hacer varios trasteros se mantuviera un único espacio de uso común en el que guardar por ejemplo las bicicletas de los vecinos, estaríamos ante un supuesto que encaja en lo establecido en artículo 17.4 de la LPH. Según este precepto, con el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación, se puede adoptar el acuerdo de realizar una nueva instalación. Sin embargo, si la cuota a pagar por cada propietario, como consecuencia de dicha instalación, excede del importe de tres mensualidades ordinarias, quien se oponga a dicha obra no podrá ser obligado a pagarla, ni se modificará su cuota de participación en la comunidad. Es más si ese propietario disidente desea posteriormente participar de la instalación, deberá de abonar su cuota en los gastos de realización y mantenimiento, actualizados con el interés legal del dinero.

Es más, si alguna obra realizada en la comunidad afectara directamente a uno de los vecinos al hacerle inservible para su uso y disfrute algún espacio de la finca, dicho comunero deberá comunicarlo al presidente o administrador antes de que se celebre de la junta, para que se tenga en cuenta que independientemente de que se llegue a la mayoría exigida para que prosperen las obras no podrán hacerse sin su consentimiento expreso.

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Principales novedades tributarias introducidas por el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Se añade una nueva disposición adicional cuadragésima quinta a la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Esta disposición adicional tiene como finalidad regular los efectos fiscales derivados de la devolución, por parte de las entidades financieras, de los intereses previamente satisfechos por los contribuyentes como consecuencia de las claúsulas de limitación de tipos de interés de préstamos concertados con aquellas, tanto si la devolución de tales cantidades deriva de un acuerdo celebrado entre las partes como si es consecuencia de una sentencia judicial o de un laudo arbitral.

La disposición adicional establece en su apartado 1 que las cantidades devueltas derivadas de acuerdos celebrados con entidades financieras, bien en efectivo bien mediante la adopción de medidas equivalentes de compensación, previamente satisfechas a aquellas en concepto de intereses por la aplicación de cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos, no deben integrarse en la base imponible del impuesto.

Tampoco se integrarán en la base imponible los intereses indemnizatorios relacionados con los mismos.

Por tanto, no procede incluir en la declaración del IRPF ni las cantidades percibidas como consecuencia de la devolución de los intereses pagados ni los intereses indemnizatorios reconocidos,  por aplicación de claúsulas suelo de interés.

No obstante,  establece unos supuestos de regularización, en los casos en que dichos intereses hubieran formado parte de la deducción por inversión en vivienda habitual o deducciones establecidas por las Comunidades Autónomas, o hubieran sido objeto de deducción como gastos del capital inmobiliario o de actividad económica.

A estos efectos el apartado 2 de la citada disposición regula ambos supuestos:

  1. Cuando el contribuyente hubiera aplicado en su momento la deducción por  inversión en vivienda habitual o de deducciones autonómicas por las cantidades percibidas,  perderá el derecho a su deducción. En este caso, deberá incluir los importes deducidos en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio en que se hubiera producido la sentencia, el laudo arbitral o el acuerdo con la entidad, en los términos previstos en el artículo 59 del Reglamento del IRPF, pero sin inclusión de intereses de demora.A estos efectos, si la sentencia, el laudo o el acuerdo se hubiese producido en 2016, en la declaración de Renta 2016 (a presentar en abril, mayo, junio de 2017) estas cantidades se incluyen en las casillas 524 y 526, no siendo necesario completar las casillas 525 y 527, correspondientes a los intereses de demora.Este tratamiento es el mismo que normalmente se utiliza en los supuestos de pérdida del derecho a deducción por vivienda habitual pero sin incluir intereses de demora.

    No será de aplicación esta regularización respecto de las cantidades que  se destinen directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con el contribuyente afectado,  a minorar el principal del préstamo. Es decir, si la entidad financiera, en lugar de devolver al contribuyente las cantidades pagadas lo que hace es reducir el principal del préstamo, no habrá que regularizar las deducciones practicadas anteriormente correspondientes a esos importes. Por su parte, la reducción del principal del préstamo tampoco generará derecho a aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual.

  2. En el supuesto de que el contribuyente hubiera incluido, en declaraciones de años anteriores, los importes ahora percibidos como gasto deducible(capital inmobiliario o actividad económica), estos perderán tal consideración debiendo presentarse declaraciones complementarias de los correspondientes ejercicios, quitando dichos gastos,  sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno.El plazo de presentación de las declaraciones complementarias será el comprendido entre la fecha de la sentencia, laudo o acuerdo y la finalización del siguiente plazo de presentación de autoliquidación por este impuesto.

    Otra cuestión regulada por la norma son los  ejercicios a los que afectan estas regularizaciones, tanto de las deducciones de vivienda o autonómicas como de los gastos deducibles. En este sentido se establece que solo será de aplicación a los ejercicios respecto de los cuales no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria.

    En función de si el contribuyente hubiera aplicado deducción de vivienda, o deducciones autonómicas, o deducción de gastos y del año en que se produzca el acuerdo, sentencia o laudo, la forma de regularizar y los ejercicios afectados varían. En concreto nos podemos encontrar con los siguientes supuestos:

    1. El contribuyente había aplicado la deducción por inversión en vivienda habitual o deducciones establecidas por las Comunidades autónomas, por las cantidades percibidas:
        1. Sentencia, laudo o acuerdo del año 2016: En este caso la regularización de las cantidades deducidas se realizará en la declaración del año 2016 (que se presentará en abril, mayo y junio de 2017) y afectará, con carácter general, a las deducciones de los años 2012, 2013, 2014 y 2015.En el caso que entre las  cantidades devueltas haya intereses del año 2016, estos ya no se tendrán en cuenta para aplicar la deducción en vivienda dicho año.
        2. Acuerdo con la entidad financiera, sentencia o laudo del año 2017: En este caso la regularización de las cantidades deducidas se realizará en la declaración del año 2017 (que se presentará en abril, mayo y junio de 2018) y afectará, con carácter general, a las deducciones del año 2013, 2014, 2015 y 2016.No obstante, si la sentencia o acuerdo es anterior a la finalización del plazo de presentación de la declaración del IRPF del año 2016 (30 de junio de 2017), los intereses del año  2016 no se tendrán en cuenta para aplicar la deducción en vivienda y, por tanto, la regularización no afectará a dicho ejercicio.
    2. El contribuyente había incluido las cantidades ahora percibidas como gasto deducible en ejercicios anteriores:
      1. El acuerdo con la entidad financiera, la sentencia o el laudo, se ha producido desde el 6 de abril de 2016 hasta el 4 de abril de 2017. En este caso, deberá presentar declaraciones complementarias con carácter general de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, en el plazo de presentación de la declaración del IRPF del año 2016 (abril, mayo y junio de 2017).Si entre las cantidades devueltas hubiera intereses  abonados en el ejercicio 2016, el contribuyente ya no incluirá como gastos deducibles dichos importes en su declaración.
      2. El acuerdo con la entidad financiera, la sentencia o el laudo se ha producido después del 4 de abril de 2017. En este caso deberá presentar declaraciones complementarias, con carácter general, de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 en el plazo de presentación del IRPF del año 2017 (abril, mayo y junio de 2018).No obstante, si el acuerdo o la sentencia es anterior a la finalización del plazo de presentación de la declaración del IRPF de 2016 (30 de junio de 2017), los intereses del año 2016 no se tendrán en cuenta como gasto deducible y, por tanto, no tendrá que presentar declaración complementaria de dicho ejercicio.

    Por último, si el contribuyente ya hubiese regularizado dichas cantidades por tener una sentencia anterior podrá instar la rectificación de sus autoliquidaciones solicitando la devolución de los intereses de demora satisfechos y, en su caso, la modificación de los intereses indemnizatorios declarados como ganancia.

UNIFICACIÓN DE CRITERIO TEAC IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. TRIBUTACIÓN DE RENTAS POR ACTIVIDADES DE VISADO EN COLEGIOS PROFESIONALES.

La resolución del TEAC de 12 de enero de 2017 (00/2959/2016) estima el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio interpuesto por el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, fijando el siguiente criterio:

Las rentas procedentes de la actividad de visado desarrollada por los Colegios Profesionales no están exentas del Impuesto sobre Sociedades al constituir dicha actividad una explotación económica.

Para alcanzar dicha conclusión, el TEAC se basa en que conforme a lo dispuesto en el régimen de entidades parcialmente exentas del TRLIS, las rentas obtenidas por los Colegios Profesionales derivadas de la realización de una explotación económica no gozan de exención, aún cuando constituyan su objeto social o finalidad específica. Por contra, no se integran en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, por no proceder del desarrollo de una explotación económica, las rentas que puedan derivar de actividades como el seguimiento del régimen de incompatibilidades legales, el mantenimiento actualizado de registros de profesionales, la representación de la profesión ante los poderes públicos o el ejercicio de la potestad disciplinaria.